El Grupo Parlamentario Socialista ha vuelto a pedir en las Cortes la modificación de la Ley del Juego en Castilla y León con el fin de que recoja medidas más restrictivas, tal y como ha señalado en la defensa de la Proposición no de Ley la procuradora socialista Yolanda Sacristán, que fue aprobada en el Pleno de esta mañana, con los votos en contra del PP pero con la abstención de Vox.
Una PNL que llegó al pleno justificada, ha recordado, en que en el recurso contencioso administrativo presentado por la Junta de Castilla y León contra la aprobación de la Modificación puntual del PGOU de Burgos que tenía por objeto establecer una categoría específica de uso terciario recreativo y que contribuía a prevenir los riesgos en la salud del juego patológico.
Esta modificación del PGOU, que, ha recordado, tuvo el apoyo unánime de todos los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Burgos en el mandato anterior se fundamentó en la necesidad de regular, en el marco de las competencias del Ayuntamiento, la implementación de casas de apuestas y salones de juego en el municipio de Burgos.
Un proyecto que, ha dicho, ha favorecido la proliferación de salones de juego y apuestas en los barrios con menor renta per cápita y que permite que se puedan abrir nuevos establecimientos a tan solo 150 metros de cualquier centro educativo.
Lo cierto es que, ha añadido Sacristán, la propia Junta pudo haber frenado esta problemática actuando al respecto e incorporando en la tramitación del Proyecto de Ley “medidas que realmente permitiesen la restricción de la proliferación de las casas de apuestas y salones de juego en los barrios residenciales de las ciudades de nuestra Comunidad Autónoma, medidas que desde el Grupo Socialista les propusimos durante la tramitación del proyecto de ley a modo de enmiendas, 26 en total, pero que fueron rechazadas por los grupos integrantes del gobierno, entonces PP y VOX”.
Con la votación de hoy las Cortes instan a la Junta a que acuerde la tramitación de un nuevo proyecto de ley que modifique la normativa e incorpore medidas más restrictivas que las existentes sobre la implementación de establecimientos específicos de juego y apuestas en el suelo de uso predominante residencial en los municipios de Castilla y León.
También, el apoyo del Parlamento recoge que, entre estas medidas restrictivas, se incluya la ampliación de las distancias entre estos establecimientos de juego y las zonas de influencia de todo tipo de centros de enseñanza de cualquier nivel (500 metros) y de dichos establecimientos entre sí, además de establecerse nuevas limitaciones en relación a la proximidad de instalaciones deportivas, dotaciones culturales, centros cívicos y locales sociales.
